Una preinstalación deja resuelta la infraestructura común de un garaje comunitario —canalización hasta las plazas, capacidad reservada en la centralización de contadores— sin instalar todavía los cargadores en sí. Cada propietario añade su equipo cuando lo necesita, conectándose a una infraestructura ya preparada, sin repetir obra en zonas comunes cada vez.
Esta guía explica qué incluye exactamente y cuándo tiene sentido plantearla, cómo se dimensiona la capacidad reservada y qué la diferencia de una instalación colectiva completa, cómo se reparte el coste entre propietarios, qué mantenimiento requiere mientras no está toda en uso, y si existe normativa que obligue a preinstalar en garajes de nueva construcción.
Es un concepto especialmente relevante en garajes con muchas plazas y baja proporción de vehículos eléctricos, donde el crecimiento futuro es más una cuestión de cuándo que de si va a producirse. Plantear la preinstalación en el momento adecuado —ni demasiado pronto, cuando el interés todavía es incierto, ni demasiado tarde, cuando ya se ha repetido obra varias veces— es lo que marca la diferencia entre una comunidad que gestiona bien su transición hacia la movilidad eléctrica y otra que la afronta de forma reactiva, instalación a instalación.
Incluye la canalización tendida desde la centralización de contadores hasta las plazas previstas, con capacidad reservada para el número de puntos proyectado, y normalmente un sistema de gestión de potencia para repartir esa capacidad entre los puntos que se vayan sumando; no incluye el cargador de cada plaza en sí, que se instala después, cuando el propietario correspondiente lo solicita, con el modelo que más le convenga según qué equipo encaja con una infraestructura común y cuántos puntos admite. Tiene sentido plantearla cuando hay indicios claros de que el número de vehículos eléctricos en la comunidad va a crecer, aunque hoy solo uno o dos propietarios tengan intención inmediata de instalar.
Separar la obra común del cargador individual permite que la comunidad resuelva de una vez la parte más disruptiva de la obra —abrir zanjas o canalizaciones en zonas comunes— sin necesidad de que todos los propietarios instalen su cargador a la vez ni asuman ese coste conjunto: cada uno paga y decide cuándo instalar su propio equipo sobre una infraestructura ya lista. Si la comunidad no anticipa esta necesidad no pasa nada de forma inmediata, pero cada propietario que se sume más adelante ejecutará su instalación individual de forma independiente, con la obra correspondiente en cada caso; no es un problema en sí, simplemente es menos eficiente para la comunidad en conjunto que resolver la infraestructura común de una vez. Hay tres señales que, combinadas, suelen indicar que conviene valorar una preinstalación: más de un propietario ha instalado ya su cargador de forma individual en un plazo corto de tiempo, hay consultas informales de otros vecinos sobre cómo instalar el suyo, y el garaje tiene un número de plazas suficientemente alto como para que sea previsible que la demanda siga creciendo. Ninguna de las tres por separado obliga a nada, pero juntas suelen ser el momento en que compensa dejar de repetir instalaciones sueltas.
Es habitual que una comunidad plantee la preinstalación pensando en el total de plazas del garaje, aunque solo una parte de los propietarios tenga intención inmediata de instalar. En un garaje de diez plazas, por ejemplo, la canalización y la capacidad reservada pueden dimensionarse para las diez, mientras que solo dos o tres propietarios instalan su cargador en el primer año. El resto de plazas quedan con la infraestructura lista, a la espera de que cada propietario decida sumarse cuando le corresponda.
Se calcula la potencia disponible en la centralización de contadores y se proyecta cuántos puntos podrían necesitarse a medio plazo, casi siempre pensando en gestión dinámica de potencia para repartir esa capacidad entre los puntos que se vayan activando, en vez de reservar una potencia fija por plaza que probablemente no se use toda a la vez. Habitualmente lo impulsa el presidente de la comunidad o el administrador de fincas, al detectar interés de varios propietarios o al anticipar la evolución del parque de vehículos de la comunidad, aunque también puede surgir de la iniciativa de dos o tres propietarios que deciden coordinarse antes de instalar cada uno por su cuenta.
Un proyecto colectivo completo, con los cargadores de todos los puntos incluidos desde el inicio, suma a la infraestructura común el equipamiento de cada plaza; una preinstalación resuelve solo la parte común, dejando cada cargador individual como una decisión y un coste independiente de cada propietario, en el momento en que lo necesite. La ventaja de la preinstalación es que no obliga a ningún propietario a asumir el coste de un cargador que todavía no necesita: solo participa en el coste de la infraestructura común, según lo acordado, y decide de forma independiente cuándo añadir su propio equipo, lo que la hace especialmente útil en comunidades donde el interés es real pero escalonado en el tiempo. Si ya hay un número de propietarios confirmados que van a instalar su cargador de forma inmediata, ejecutar la instalación colectiva completa desde el principio puede resultar más ordenado que separar ambas fases, precisamente porque no hay incertidumbre sobre quién va a sumarse ni cuándo; la preinstalación tiene más sentido cuando el número de interesados inmediatos es menor que el potencial a medio plazo.
Cuando el margen de potencia disponible en el suministro es limitado, la preinstalación puede dimensionarse para un número de plazas menor al total del garaje, priorizando las que tienen mayor probabilidad de sumarse a corto plazo. En ese escenario, conviene dejar previsto qué pasaría si el resto de propietarios se interesan más adelante: si haría falta una ampliación de cuadro, o si el sistema de gestión dinámica tiene margen para absorber algunos puntos adicionales sin ampliación.
En la práctica, el coste de la infraestructura común lo reparten quienes deciden participar en el momento del proyecto, con el criterio que acuerden entre ellos: a partes iguales, o en proporción a las plazas que cada uno prevé conectar. Lo que casi nunca se escribe, y es lo que después genera discusiones, es qué ocurre con quien no entra ahora y quiere entrar dentro de tres años: si se suma pagando su parte de lo ya invertido, en qué proporción se calcula y quién lo autoriza. Dejadlo cerrado por escrito en el propio acuerdo, y que el administrador de fincas confirme antes cómo encaja con vuestros estatutos.
Un acuerdo verbal entre propietarios sobre este reparto es habitual, pero conviene dejarlo por escrito antes de empezar la obra, con las cantidades o porcentajes acordados y qué pasa si se suman nuevos propietarios después; no es un requisito legal para ejecutar el proyecto, pero evita malentendidos entre vecinos que, de otra forma, solo se detectan cuando ya es tarde para corregirlos con facilidad.
Cuando un propietario que no participó en el proyecto inicial decide instalar su cargador más tarde, lo habitual es que asuma una parte proporcional del coste de la infraestructura común de la que se beneficia, según lo que se haya pactado entre los propietarios originales al plantear la preinstalación. Dejar este criterio acordado por escrito desde el principio evita discusiones cuando aparece un nuevo interesado meses o años después.
Es una alternativa al reparto entre propietarios interesados: la comunidad, en junta, puede aprobar financiar la infraestructura común con cargo a fondos comunitarios, como haría con cualquier otra mejora de elementos comunes, y repercutir el coste entre todos los propietarios del garaje según su cuota de participación, con independencia de quién tenga previsto instalar un cargador a corto plazo. Esta vía tiene sentido cuando la comunidad, en su conjunto, valora la preinstalación como una mejora que revaloriza el edificio, no solo como un servicio para quienes ya tienen vehículo eléctrico, y sigue el régimen general de mayorías que corresponda según el tipo de obra, no el régimen individual del artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que da a cada propietario el derecho a instalar sin depender de la junta.
La canalización y la capacidad reservada de una preinstalación no requieren mantenimiento activo mientras no están conectadas a ningún cargador: no hay elementos en tensión hasta que se instala el primer punto sobre esa infraestructura. Lo que sí conviene revisar periódicamente es que la capacidad reservada en la centralización de contadores sigue siendo coherente con el resto de consumos del edificio, sobre todo si el edificio ha incorporado otras cargas eléctricas nuevas desde que se planteó la preinstalación. En construcciones nuevas y en algunas rehabilitaciones integrales, la normativa de edificación vigente exige reservar cierta infraestructura para recarga de vehículo eléctrico, aunque el alcance exacto varía según el tipo de edificio y el número de plazas de aparcamiento; en garajes construidos antes de que existiera esa exigencia no hay obligación retroactiva, y la preinstalación sigue siendo una decisión voluntaria de la comunidad, no un requisito legal pendiente de cumplir.
Un garaje de construcción más reciente que ya incorpora la reserva de infraestructura exigida por normativa parte con parte del trabajo hecho —puede que ya exista un tubo vacío o un cuadro con margen reservado—, lo que reduce el alcance de la obra cuando llega el momento de completar el proyecto con la canalización final y el sistema de gestión. Un garaje anterior a esa exigencia no cuenta con nada de eso, así que la preinstalación, si la comunidad decide plantearla, empieza literalmente desde cero, igual que ocurriría con una instalación individual en un edificio antiguo. Aunque exista normativa para construcción nueva, la mayoría del parque de garajes comunitarios en Madrid, Toledo y Guadalajara es anterior a esa exigencia, así que la decisión de preinstalar sigue siendo, en la práctica, una decisión de previsión de cada comunidad, no una obligación normativa que resolver: conviene no confundir ambas cosas al plantear el proyecto, porque preguntar si "es obligatorio" tiene una respuesta distinta según la antigüedad real del edificio, y esa respuesta conviene confirmarla antes de presentar el proyecto en junta, para no generar expectativas equivocadas entre los propietarios sobre si se trata de un gasto obligado o de una inversión voluntaria.
No hay ningún problema técnico en que una preinstalación quede con capacidad sin usar durante años: la infraestructura sigue disponible para cuando algún propietario decida sumarse. Lo único que conviene revisar, si ha pasado mucho tiempo, es que la normativa técnica aplicable no haya cambiado de forma relevante desde que se ejecutó la preinstalación original, algo que se confirma en la valoración técnica del nuevo punto que se vaya a instalar.
Si el edificio ha pasado por una rehabilitación integral —no una reforma puntual, sino una intervención completa sobre la estructura o las instalaciones generales—, es razonable revisar si esa rehabilitación debía incorporar la reserva de infraestructura de recarga exigida por la normativa vigente en el momento de la obra. Confirmarlo pasa por revisar el proyecto de la rehabilitación con el administrador de fincas o con quien gestionó esa obra en su momento; no es algo que se pueda dar por hecho sin consultar la documentación real del edificio.
Una preinstalación es una inversión de previsión, no una obligación: tiene sentido cuando el crecimiento futuro es razonablemente previsible, no como paso obligatorio antes de instalar el primer cargador. En ETRICA valoramos el margen de potencia disponible en el suministro y el interés real de la comunidad antes de recomendar este enfoque frente a instalaciones individuales sueltas.
La decisión entre instalación individual, preinstalación o instalación colectiva completa depende siempre del mismo factor: cuántos propietarios van a querer un cargador y en qué horizonte de tiempo. No hay una respuesta universal válida para todos los garajes, y forzar una solución colectiva o de preinstalación en una comunidad sin interés real más allá del primer propietario no compensa el esfuerzo de coordinación que exige.
Tampoco conviene el error contrario: descartar la preinstalación solo porque hoy nadie más ha manifestado interés, cuando el edificio tiene características —número de plazas, perfil de propietarios, ubicación— que hacen previsible un crecimiento de la demanda en poco tiempo. La valoración técnica de ETRICA incluye siempre esta lectura del contexto del edificio, no solo el dato puntual de cuántos propietarios lo piden en el momento de la consulta, precisamente porque una preinstalación mal dimensionada por defecto suele salir más cara de corregir después que una reserva algo generosa desde el principio.
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