No toda instalación de un punto de recarga exige un trámite con la distribuidora: si la potencia disponible del suministro actual cubre el circuito nuevo, el único trámite eléctrico es el Certificado de Instalación Eléctrica. El trámite con la distribuidora aparece específicamente cuando hace falta ampliar la potencia contratada, o cuando la instalación requiere modificar algún elemento de la acometida o del punto de conexión a la red.
La distribuidora es la empresa propietaria de la red eléctrica física que llega hasta la vivienda —cables, transformadores, contador—, mientras que la comercializadora es la empresa con la que se tiene contratado el suministro y que emite la factura de la luz. Son dos empresas distintas, aunque a veces pertenezcan al mismo grupo empresarial, y esta distinción importa porque determina con quién se gestiona cada trámite: el cliente no se dirige directamente a la distribuidora para pedir una ampliación de potencia, sino que lo solicita a través de su comercializadora, que es quien traslada la petición a la distribuidora correspondiente a esa zona.
Este reparto de funciones sorprende a quien nunca ha tenido que hacer una gestión de este tipo, porque en el día a día solo trata con la comercializadora —la que envía la factura— y no tiene ninguna relación directa con la distribuidora de su zona, cuyo nombre ni siquiera conoce en la mayoría de los casos. Es habitual, además, que un mismo cliente haya cambiado de comercializadora varias veces a lo largo de los años buscando mejores condiciones de tarifa, mientras que la distribuidora de su zona sigue siendo siempre la misma, porque no depende de la comercializadora elegida, sino de la ubicación física de la vivienda. Saber que existen dos empresas distintas detrás del suministro evita confusiones a la hora de entender por qué un trámite puede tardar más de lo esperado: la comercializadora gestiona la petición, pero es la distribuidora quien ejecuta el cambio técnico sobre la red.
El Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) es el identificador único de cada punto de conexión a la red eléctrica, y es el dato que la comercializadora necesita para tramitar cualquier gestión ante la distribuidora, incluida una ampliación de potencia. Aparece en cualquier factura de electricidad, y tenerlo a mano agiliza el inicio de cualquier trámite relacionado con el suministro, evitando idas y vueltas para localizarlo cuando ya se ha iniciado la gestión.
En una comunidad de propietarios con garaje colectivo, conviene distinguir entre el CUPS de cada vivienda individual y el CUPS de los servicios generales del edificio, si existe un suministro separado para zonas comunes. Según el esquema de instalación elegido para el garaje, el circuito de recarga de cada plaza puede depender del CUPS de la vivienda del propietario, o del CUPS general del edificio si el punto de recarga se alimenta desde la centralización de contadores comunitaria. Confirmar de cuál de los dos depende cada punto concreto evita errores al iniciar cualquier trámite posterior con la distribuidora, y es un dato que conviene aclarar desde el proyecto inicial, no después de que aparezca una incidencia.
Hace falta cuando la potencia que necesita el nuevo circuito de recarga, sumada a la que ya usa el resto de la vivienda o del edificio, supera la potencia contratada actual: en ese caso, es obligatorio tramitar una ampliación de potencia antes de poner en marcha el cargador a su potencia de diseño, porque de lo contrario la instalación general saltará con frecuencia por superar el límite contratado. El desarrollo completo de ese trámite concreto, con sus plazos y su documentación, tiene su propia guía: ampliación de potencia para instalar un cargador.
Cuando la potencia contratada ya cubre con margen el nuevo circuito, no hace falta ningún trámite de ampliación: el único paso pendiente es la legalización eléctrica de la instalación mediante el Certificado de Instalación Eléctrica, tratado con detalle en qué es el CIE y por qué lo necesita tu punto de recarga. Confirmar cuál de los dos escenarios corresponde a cada caso es, precisamente, parte de lo que se revisa en la valoración técnica: no se puede saber sin conocer tanto la potencia contratada actual como la potencia real que va a añadir el circuito del cargador, tratada con más detalle en la guía de potencias de carga para coche eléctrico.
En casos menos habituales, la instalación puede requerir alguna modificación sobre la propia acometida —la conexión física entre la red de la distribuidora y la instalación de la vivienda o del edificio—, por ejemplo si la sección de cable existente no admite la nueva potencia prevista aunque la potencia contratada nominalmente lo permitiera. Este tipo de intervención sí depende directamente de la distribuidora, que es la propietaria de esa parte de la instalación, y su plazo puede ser distinto al de una simple ampliación de potencia contratada sobre una acometida que ya tiene capacidad suficiente.
Este escenario es más frecuente en edificios antiguos, donde la acometida se diseñó hace décadas para un consumo eléctrico muy inferior al actual, antes de que existieran electrodomésticos de alta potencia habituales hoy y, por supuesto, mucho antes de que se planteara instalar puntos de recarga. En estos casos, la valoración técnica no se limita a revisar el cuadro eléctrico de la vivienda o del garaje: conviene confirmar también, con la propia distribuidora si hace falta, si la acometida general del edificio tiene margen real para el conjunto de ampliaciones que se prevén a medio plazo, no solo para la primera plaza que se electrifica.
En un garaje comunitario donde varios propietarios instalan su punto de forma progresiva pero en un periodo de tiempo corto, cada ampliación de potencia se tramita de forma individual, ligada al CUPS de cada vivienda: no existe un trámite conjunto para varios vecinos a la vez, aunque coincidan en el tiempo. Esto no suele generar ningún conflicto entre trámites, salvo en el caso ya comentado de que la propia acometida general del edificio empiece a acercarse a su límite de capacidad, momento en el que conviene que la comunidad valore una actuación conjunta sobre la instalación general en vez de ir resolviendo ampliaciones individuales una a una sin visión de conjunto.
En un proyecto coordinado, es habitual que el instalador aporte los datos técnicos necesarios —la nueva potencia requerida, el CUPS, el esquema de la instalación— para que el cliente, como titular del contrato de suministro, presente la solicitud ante su comercializadora. El motivo por el que es el cliente quien formaliza la solicitud, y no el instalador en su nombre, es que la ampliación de potencia contratada modifica directamente las condiciones del contrato de suministro eléctrico del titular, y ese cambio contractual solo lo puede solicitar quien es parte del contrato.
Esto no significa que el cliente tenga que resolver el trámite completamente solo: la parte técnica —confirmar cuánta potencia hace falta, preparar la documentación de la instalación que la comercializadora pueda pedir— se resuelve como parte del proyecto de instalación, y el cliente solo tiene que formalizar la solicitud con esos datos ya preparados, en vez de partir de cero sin saber qué potencia pedir ni por qué.
Los datos habituales que pide la comercializadora para iniciar el trámite son el CUPS del punto de suministro, la potencia contratada actual y la nueva potencia que se solicita. En algunos casos, según el tipo de instalación y la comercializadora concreta, puede pedir también documentación técnica adicional de la instalación que va a justificar esa nueva potencia. Tener estos datos preparados de antemano, en vez de reunirlos sobre la marcha cuando la comercializadora ya los está pidiendo, es lo que evita que el trámite se alargue más de lo necesario.
Conviene también tener presente que la comercializadora debe esperar al cierre del ciclo de facturación vigente para aplicar el cambio de potencia contratada, de forma que el cliente reciba una última factura con la potencia anterior antes de que se refleje la nueva. Es un motivo habitual de que el trámite se perciba como más lento de lo esperado, sin que eso signifique necesariamente un retraso o un problema de gestión: forma parte del procedimiento estándar de cualquier cambio de potencia contratada, no solo de los vinculados a un punto de recarga.
Usar un cargador a una potencia superior a la contratada, sin haber tramitado la ampliación correspondiente, provoca disparos recurrentes del interruptor de control de potencia (ICP) cada vez que el consumo total de la vivienda —incluida la carga del vehículo— supera el límite contratado, sobre todo si coincide con otros electrodomésticos de alto consumo funcionando a la vez. No es un problema de seguridad del propio cargador: es una consecuencia directa de pedirle a la instalación general más potencia de la que tiene contratada, y se resuelve tramitando la ampliación, no cambiando de cargador ni de instalador. Cambiar de cargador sin resolver la potencia contratada de fondo solo trasladaría el mismo problema a otro equipo, porque el límite real no está en el cargador, sino en el contrato de suministro.
Este es un error habitual entre quien compra el equipo por su cuenta sin una valoración técnica previa que confirme la potencia contratada real: da por hecho que, si el cargador "cabe" físicamente en el cuadro y se instala sin incidencias el primer día, la instalación está bien dimensionada, cuando en realidad el problema de una potencia contratada insuficiente puede tardar semanas en manifestarse, hasta que coincide un uso simultáneo de varios consumos elevados. Cruzar la potencia contratada actual con la potencia real del nuevo circuito es, precisamente, uno de los primeros datos que se confirman en cualquier valoración técnica seria, antes de proponer un equipo o una fecha de instalación concreta.
¿Tengo que llamar yo mismo a la distribuidora para instalar un cargador? No directamente: los trámites relacionados con el suministro, como una ampliación de potencia, se solicitan a través de tu comercializadora, que es quien los traslada a la distribuidora de tu zona.
¿Todos los puntos de recarga necesitan ampliar la potencia contratada? No, solo si la potencia que necesita el nuevo circuito, sumada al resto de consumos de la vivienda, supera la potencia ya contratada; en muchos casos la potencia actual ya cubre el cargador sin necesidad de ampliarla.
¿Qué es el CUPS y por qué lo piden en estos trámites? Es el Código Universal del Punto de Suministro, el identificador único de tu conexión a la red eléctrica; aparece en cualquier factura de la luz y es el dato que la comercializadora necesita para tramitar cualquier gestión con la distribuidora.
¿Quién paga los costes técnicos de una ampliación de potencia? Los costes técnicos regulados de acceso y extensión los fija la normativa correspondiente y los aplica la distribuidora; esta guía no trata cifras concretas, que conviene confirmar directamente con tu comercializadora en el momento del trámite.
¿Puedo instalar el cargador antes de que se resuelva el trámite con la distribuidora? Físicamente sí, pero no conviene ponerlo en uso a su potencia de diseño hasta que la ampliación esté resuelta, si la necesitas, porque es probable que la instalación general dispare el ICP con el consumo combinado.
La información que necesitas para tu tipo de instalación.
