Instalar un cargador en vivienda unifamiliar es, de los tres escenarios residenciales, el más sencillo: no hay que negociar con vecinos ni comunidad, solo confirmar que la instalación eléctrica de la propia vivienda soporta el cargador. El proceso completo, desde la valoración hasta la puesta en marcha, se resuelve en 5 días laborables desde que se confirma el proyecto, con un presupuesto ajustado que llega en 24 horas desde la primera valoración.
El proceso tiene cuatro fases, y cada una depende de que la anterior esté cerrada: no se solapan. La primera es la valoración técnica, en la que se revisa el cuadro eléctrico, la potencia disponible, el tipo de suministro y la distancia hasta la plaza de aparcamiento; de aquí sale el dato que determina qué cargador y qué potencia corresponden a cada caso; si todavía no tienes claro qué buscar, conviene repasar antes los criterios para elegir cargador. Con esos datos se cierra la segunda fase, la confirmación de proyecto y presupuesto: qué equipo se instala, cómo se ejecuta la canalización y el presupuesto ajustado, en un plazo de 24 horas desde la valoración, momento en el que el cliente decide si sigue adelante. La tercera fase es la ejecución de la instalación: se monta el circuito eléctrico dedicado desde el cuadro hasta el punto de recarga, con sus protecciones específicas, y se instala el cargador, con un plazo desde que se confirma el proyecto hasta que la instalación está operativa de 5 días laborables. La cuarta y última fase es la legalización: toda instalación de un punto de recarga requiere su Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), el documento que acredita que la instalación cumple con lo que exige la ITC-BT-52 y que se registra ante la administración competente. Sin CIE, la instalación no está legalizada, más allá de que funcione correctamente desde el primer día.
Lo mínimo imprescindible es conocer la potencia disponible del cuadro eléctrico y confirmar que existe un recorrido viable, aunque requiera obra civil, entre el cuadro eléctrico y la plaza de aparcamiento donde va a quedar instalado el equipo. No hace falta tener ya el coche eléctrico ni haber decidido el modelo de cargador antes de pedir la valoración: eso se resuelve durante el proceso. Adelantar algunos datos agiliza la primera conversación técnica, aunque nada de esto es obligatorio para empezar: tener a mano la última factura eléctrica —que recoge la potencia contratada y el tipo de suministro, dos de los datos de partida que se confirman en la valoración—, saber aproximadamente la distancia entre el cuadro y la plaza, y tener claro si ya hay coche eléctrico decidido o todavía se está valorando qué modelo comprar.
No impide instalar el cargador por sí solo, pero puede requerir ampliar el cuadro para dar cabida al nuevo circuito con sus protecciones dedicadas. Es un punto que se detecta en la valoración técnica, no algo que se pueda saber sin ver la instalación real.
No es un requisito tener ya el vehículo para instalar el cargador: muchos propietarios prefieren adelantar la instalación antes de la entrega del coche, para evitar depender de plazos cruzados entre concesionario e instalación eléctrica. Lo único que cambia en este caso es que el uso previsto —qué modelo de coche, qué kilometraje esperado— se estima con la mejor información disponible en ese momento, y se confirma con más precisión si el modelo concreto ya está decidido. Tampoco es un problema no tener preparado ninguno de los datos anteriores: revisar el cuadro eléctrico en directo durante la llamada, o pedir fotos del recorrido entre cuadro y plaza si hace falta, forma parte del propio proceso de valoración, no un paso previo que el cliente deba resolver por su cuenta antes de contactar.
Más allá del Certificado de Instalación Eléctrica, el proceso puede requerir otros documentos según el caso concreto: el boletín eléctrico asociado al circuito nuevo, la documentación técnica del equipo instalado para su registro, y, si la potencia contratada se amplía, la documentación de ese trámite con la distribuidora. La parte de legalización eléctrica —CIE y registro correspondiente— se gestiona como parte del proyecto de instalación, no como un trámite aparte que el cliente tenga que resolver por su cuenta. Cuando hace falta ampliar la potencia contratada, hay que avisar a la distribuidora con antelación, y ese trámite tiene sus propios plazos, que se coordinan con el resto del proyecto para que todo encaje. Este reparto de responsabilidades se explica con claridad antes de empezar, para que quede claro qué gestiona cada parte.
Ocurre en viviendas donde se instaló un cargador hace tiempo sin pasar por el proceso de legalización completo, o donde una reforma eléctrica posterior no se registró correctamente. No es un obstáculo insalvable: se revisa el estado real de la instalación en la valoración técnica y se decide si es viable regularizarla junto con la nueva instalación o si conviene ejecutar el circuito de nuevo desde cero.
Desde que se confirma el proyecto, la instalación física se resuelve en 5 días laborables. El tiempo previo —desde la primera valoración hasta la confirmación— depende de cuánto tarde el cliente en decidir, no de ETRICA: el presupuesto ajustado llega en 24 horas desde la valoración. Una obra civil compleja por la distancia entre cuadro y plaza, o una ampliación de cuadro eléctrico necesaria antes de instalar el circuito del cargador, son los factores técnicos que más pueden influir en el plazo, y se identifican en la valoración, no aparecen como sorpresa a mitad de instalación.
Si durante la ejecución aparece un imprevisto que no se detectó en la valoración —una canalización obstruida, un estado del cuadro peor del esperado una vez abierto—, el criterio es informar al cliente antes de continuar, explicando qué ha cambiado y cómo afecta al plazo o al alcance del proyecto, no ejecutar por encima del presupuesto ya confirmado sin avisar. Este tipo de imprevistos son la excepción, no la norma, precisamente porque la valoración técnica previa está pensada para minimizarlos.
La instalación no se da por terminada solo con el cargador montado en la pared: incluye una puesta en marcha que comprueba que el equipo funciona correctamente sobre el circuito ejecutado, antes de dejarlo listo para el uso diario del cliente. Al cerrar el proyecto, el cliente recibe la documentación de la instalación —incluyendo el Certificado de Instalación Eléctrica una vez tramitado— y una explicación básica de cómo usar el equipo: cómo iniciar y parar una carga, qué indican los avisos luminosos del cargador si los tiene, y cómo acceder a la app si el modelo lo permite. Esta transferencia de información evita dudas en el primer uso, sobre todo para quien nunca ha tenido antes un cargador en casa.
Se verifica que las protecciones del circuito responden correctamente, que el cargador se comunica bien con un vehículo de prueba o con las herramientas de diagnóstico del propio equipo, y que la potencia entregada coincide con la configurada en el proyecto. Si el modelo tiene app, este es también el momento en que se vincula el equipo a la cuenta del cliente, dejándolo listo para gestionarlo desde el móvil desde el primer día.
Un cargador instalado y legalizado correctamente puede, como cualquier equipo eléctrico, presentar una incidencia en algún momento de su vida útil: un fallo del propio equipo, un problema de conexión, una duda sobre su funcionamiento. La garantía legal mínima de 3 años cubre defectos de fabricación del equipo, no daños derivados de un mal uso ajeno al funcionamiento normal del cargador; el desarrollo completo de qué cubre la garantía, cómo se tramita una reclamación y cómo se diferencia de la vida útil real del equipo se trata en la guía dedicada a la vida útil del cargador. La mayoría de las incidencias que aparecen en el uso diario de un cargador no vienen del equipo en sí, sino de un dimensionado ajustado por debajo de lo necesario en el momento de la instalación —un circuito al límite de su capacidad, o una potencia contratada demasiado justa que fuerza el sistema de forma constante—, una razón más para no tratar la valoración técnica inicial como un trámite rápido, sino como el paso que más condiciona lo bien que va a funcionar la instalación durante años.
Instalar el cargador durante la obra, coordinado con el proyecto eléctrico general de la vivienda, es distinto a instalarlo después, sobre una vivienda ya terminada y habitada. Ninguno de los dos escenarios es mejor en abstracto: cada uno tiene su propia lógica, y la mayoría de instalaciones que gestiona ETRICA se ejecutan sobre viviendas ya construidas, sin previsión alguna en el proyecto eléctrico original, confirmando en ese caso el recorrido más viable desde el cuadro existente hasta la plaza según el estado real de la vivienda.
Durante la obra, el circuito del cargador se puede prever desde el proyecto eléctrico general de la vivienda, con la canalización integrada en la propia construcción antes de cerrar paredes y falsos techos. Instalar después, sobre una vivienda terminada, es perfectamente viable —es lo más habitual en la práctica— pero puede implicar más trabajo de canalización vista o empotrada a posteriori, según el recorrido entre el cuadro y la plaza. La diferencia no está en si se puede instalar o no, sino en cuánta obra adicional hace falta para llegar hasta el cuadro.
Cuando el cargador se prevé desde el proyecto eléctrico de una vivienda nueva, el circuito dedicado, su sección de cable y sus protecciones se dimensionan junto con el resto de la instalación, sin necesidad de una intervención independiente más adelante. Esto no solo simplifica la ejecución: también permite anticipar el punto exacto donde va a quedar el cargador y dejar la canalización lista, aunque el equipo en sí se instale más tarde, cuando el cliente ya tenga decidido el vehículo. Para quien está construyendo o reformando en profundidad, la recomendación es incluir esta previsión en el proyecto eléctrico general desde el principio, aunque la compra del cargador se posponga.
El proceso en vivienda unifamiliar es lineal y no depende de terceros —a diferencia de una comunidad de vecinos, donde entra en juego el procedimiento de comunicación previa, o de una empresa, con la gestión de varios usuarios sobre el mismo punto— lo que se traduce en un plazo más predecible de principio a fin, sin que eso reste rigor técnico al proyecto: la potencia disponible, el tipo de suministro y la distancia hasta la plaza se confirman con el mismo nivel de detalle en cualquiera de los tres escenarios, aunque el número de interlocutores y trámites alrededor de la instalación cambie de forma sustancial entre uno y otro. Los procesos de comunidad de vecinos y empresa se tratan en sus propias guías. En ETRICA gestionamos las cuatro fases de principio a fin, con más de 1.000 instalaciones realizadas y un plazo de 5 días laborables una vez confirmado el proyecto.
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